No hay fotos ni filmaciones. Sólo la declaración de un puñado de madres de jóvenes adictos de la Costanera. Y aunque era muy difícil de comprobar, la Justicia consideró que había posibilidades de que los dealers de ese barrio estén amparados por policías. Por eso, la fiscala María de las Mercedes Carrizo les envió al Ministerio de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de Policía un oficio con copias de las investigaciones que realizó sobre las denuncias recibidas hace más de tres meses. "Se expuso la situación con el fin de que, si se lo considera apropiado, se inicien sumarios administrativos. Las versiones son muy graves y las testigos dieron nombres y apellidos", indicó una fuente judicial.
Pese a esto, desde la fuerza aseguran que la carpeta en cuestión no llegó a sus manos. "Al menos en esta oficina no se recibió ningún expediente ni información de esas características", señaló el comisario general Heberto Cortez, jefe de la Regional Capital.
El 18 de junio, en la Fiscalía IX se inició una causa sobre la base de unos dichos del legislador Luis José Bussi en una sesión. Una copia de la versión taquigráfica reza que "vehículos oficiales de la Policía pasan los fines de semana por determinados domicilios a recaudar el producto de la venta".
Identidad reservada
Tras esto, Carrizo recibió a unas cinco madres de adictos oriundas de diferentes zonas de la Costanera. Ellas aportaron muchos más datos a la causa, a la cual tuvo acceso LA GACETA. Debido a la información que aportaron, desde la Justicia resguardaron su identidad.
"Ellos (por tres presuntos 'transas') obligan a los chicos a que roben para ellos a cambio de 'paco'. También están prendidos con la Policía para poder trabajar. Los de la seccional 11ª van a cobrar dinero a su casa", declaró una de las mujeres.
Otra testigo señaló: "venden sin que se les haga nada, ya que los policías de la seccional 11ª pasan a buscar su plata".
Lo que más llamó la atención de los investigadores fue que dos madres dieron el nombre de un oficial que no trabaja en esa jurisdicción. "Hay un policía (su nombre se reserva para preservar otra pesquisa del fuero federal) que recorre la zona de 'El Sifón', que detiene a los chicos del barrio (Costanera) para sacarles plata, y pasa a cobrar en diferentes casas para que puedan vender droga", testificó una de las mujeres. La declaración de la otra es casi idéntica.
Según fuentes judiciales, la fiscala trató de constatar si los policías habían incurrido en algún delito de competencia provincial. "Pero sería imposible comprobar si hubo exacciones ilegales o incumplimiento de los deberes del funcionario público, por dar dos ejemplos, si era la versión de uno contra la del otro", dijo una fuente cercana a la causa. Por eso, paralelamente, la Justicia Federal está trabajando sobre la base de las denuncias realizadas por las madres.
Como las declaraciones realizadas por las madres de adictos eran graves, Carrizo firmó el 9 de septiembre un escrito pidiendo que se enviara al Ministerio de Seguridad copias del expediente. "Eso daría impulso a una investigación interna", indicó una fuente judicial.
De todas formas, el texto aún no llegó a la Policía, y no se tomaron medidas al respecto. "Nunca ha llegado a mí el nombre de un agente relacionado con todo esto. Si nos dijeran algo, podríamos evaluar la situación. No podemos sancionar por sancionar tampoco, pero hay órdenes explícitas de no tener contemplaciones si se detectan estos casos", señaló Cortez.